Por David Leopold, y en inglés aquí.
Ayer el gobierno de Obama presentó una poderosa respuesta en torno al caso United States v. Texas, la impugnación republicana contra DAPA y la extensión de DACA, cuyos argumentos serán presentados ante la Corte Suprema el 18 de abril. El informe no sólo desacredita muchos de los argumentos ofrecidos por el Partido Republicano, sino que los califica de completamente equivocados. El informe del gobierno de Estados Unidos también le recuerda otra vez a la Corte Suprema el caos judicial que se desataría si se le otorga fundamento jurídico a Texas.
Básicamente, el gobierno de Obama aumentó la presión a la Corte Suprema con este informe. Desde el comienzo de este caso, Texas y los otros gobernadores republicanos y procuradores generales han utilizado las cortes federales para impulsar su agenda política antiinmigrante. Lo que expuso el gobierno de Obama es que el informe enviado por Texas no es coherente, no refleja adecuadamente la normativa que está en revisión sobre la acción diferida —y está completamente equivocada en torno a la ley de inmigración.
El gobierno de Obama afirmó que el “meollo” de la demanda del Partido Republicano —de que DAPA y DACA+ confieren el derecho de permanecer legalmente en Estados Unidos— “está simplemente equivocado”.
Si bien calificar de equivocado el argumento de otro puede ser un lugar común en el discurso político o en una conversación cotidiana, esto suena muy fuerte en un informe ante la Corte Suprema y creo que es importante subrayar ese punto a los magistrados. El gobierno argumentó en la página 15 de su Respuesta:
La parte demandada está fundamentalmente equivocada al afirmar que la Normativa confiere a los extranjeros, cuya presencia ha sido considerada ilegal por el Congreso, el derecho a permanecer legalmente en Estados Unidos. Los extranjeros amparados por esta Normativa, como todos los extranjeros a los que se les permitió la acción diferida, están violando la ley al permanecer en Estados Unidos, son sujetos de enfrentar procedimientos de remoción a discreción del gobierno, y otra vez sin defensa para su salida… La Acción Diferida en sí misma no refleja más que un criterio en el sentido de que la actual presencia de los extranjeros será tolerada por un periodo de tiempo, con base en prioridades de seguridad y preocupaciones humanitarias, y el permiso de trabajo les permite mantenerse económicamente mientras permanecen aquí.
Lo más importante es que el informe de Respuesta explica de manera convincente por qué la demanda de Texas de que la acción diferida otorga “presencia legal” a un inmigrante indocumentado —una desafortunada afirmación que surgió de la legalmente chapucera opinión del juez Hanen para bloquear DAPA y DACA+— está basada en una “premisa equivocada”.
La parte demandada insiste en que la Normativa “declara” una conducta ilegal como legal. Pero la Normativa no es tal cosa. Los demandados se apoyan en una sola frase, la cual establece que la “[a]cción diferida no confiere forma alguna de estatus legal en este país, mucho menos la ciudadanía; esto simplemente significa que, durante un específico periodo de tiempo, a una persona se le permite estar presente legalmente en Estados Unidos”. Esa frase es puramente descriptiva y no tiene efecto operativo ni legal. Eliminarla no cambiaría en nada la Normativa.
La “Presencia legal” en la ley de inmigración, como lo explica el gobierno en la página 16 de su Respuesta, es fundamentalmente diferente del estatus migratorio legal:
Los extranjeros con estatus legal, cubiertos por el INA, están aquí legalmente; su presencia por lo tanto no es una referencia para la remoción. En contraste, la mera “presencia legal” ocurre cuando el Ejecutivo “toler[a] abiertamente la continua presencia de un extranjero indocumentado en Estados Unidos durante un periodo estipulado (sujeto a ser revocado a discreción de la agencia)”, a pesar de que el extranjero carece de estatus legal y está presente en violación de la ley… “Presencia legal” entonces mejor debe ser llamada “presencia tolerada”. Incluso con acción diferida y “presencia legal”, los extranjeros carecen de estatus legal, están de hecho presentes en violación de la ley, son sujetos de aplicación de la ley a discreción del gobierno y no obtienen defensa para la remoción… La Normativa no cambia nada de eso.
Citando un artículo del Profesor Anil Kalhan, Estados Unidos puntualiza que el concepto de “presencia legal” no existe como concepto legal en el sentido que Hanen, el 5o. Circuito y el Partido Republicano utilizan en su informe. “Además”, argumenta el gobierno, no hay un concepto general y unificado de “presencia legal” que active un “coherente paquete agregado de ‘beneficios’ complementarios”. Como lo puntualicé en un artículo anterior, Hanen, seguido luego por el 5o. Circuito, tomó el concepto de “presencia ilegal” —un término legal que específicamente se refiere a los no ciudadanos que entraron al país ilegalmengte, rebasaron su periodo autorizado para permanecer aquí, se les detectó fuera de estatus o (en ciertas circunstancias) trabajaron sin autorización— y prosiguieron —sin autoridad alguna en absoluto— para afirmar que los no ciudadanos que habían estado acumulando “presencia ilegal” se les reconoció como “presentes legalmente” por DAPA y DACA+. Por lo tanto, según afirmó Hanen, las acciones inmigratorias del presidente transformaron ilegalmente a un no ciudadano presente de manera ilegal en un no ciudadano con estatus migratorio legal. Esto estaba (y está) equivocado desde el punto de vista jurídico.
El Partido Republicano también se equivoca al asegurar que la ley no permite al Departamento de Seguridad Nacional otorgar permiso de trabajo a los beneficiarios de DAPA y DACA+.
En su informe, los republicanos argumentan ante la Corte Suprema que la ley no permite al DHS otorgar permisos de empleo a los beneficiarios de la acción diferida, a excepción de cuatro categorías específicas autorizadas por estatuto: solicitantes de visa U; familiares de residentes legales permanentes muertos durante los ataques terroristas del 11 de septiembre; familiares de ciudadanos de Estados Unidos muertos en combate y solicitantes de protección en la Ley de Violencia Contra las Mujeres (VAWA). En la página 22 de su Respuesta, el gobierno contesta directamente este argumento evidentemente incorrecto explicando que las normas del DHS para autorizar permisos de trabajo a beneficiarios de la acción diferida data de hace unas dos décadas:
Los demandados están igualmente equivocados al argumentar (Br. 51 n.39) que las normas del DHS específican que permitir a los extranjeros con acción diferida el solicitar permisos de trabajo es válido solamente para “las cuatro categorías de benficiarios de acción diferida que el Congreso hizo elegibles para la autorización laboral”, y que este argumento es oportuno porque ello no se acumuló hasta ahora. Cuando esa norma fue promulgada en 1981 y vuelta a promulgar en 1987, la acción diferida fue convenida “sin autorización legal expresa”. Reno v. la Comisión Antidiscriminación Árabe-Estadounidense, 525 U.S. 471, 484 (1999) (AADC). Los estatutos que mencionan “acción diferida” fueron promulgados en 2000. En la opinión de los demandados, las normas del DHS fueron aplicadas de manera inválida durante casi 20 años. Eso no puede ser correcto.
La Respuesta deja en claro que la teoría del Partido Republicano de “fundamento jurídico” en este caso derivaría en un caos judicial.
En las páginas 9-10, el gobierno argumenta a los jueces que defender las equivocadas decisiones de las cortes menores tendrá consecuencias mucho más allá de la ley y la política migratoria. De hecho, tal como argumenta el gobierno, permitir a estados de manera individual impugnar las decisiones de política discrecional del ejecutivo con base en efectos fortuitos — tales como la afirmación del Partido Republicano de que DAPA y DACA+ incrementarán el costo de la emisión de licencias de manejo en Texas— abrirá la puerta a una avalancha de demandas políticamente motivadas para impugnar un sinfín de políticas presidenciales. El resultado sería un caos judicial, que amenazaría toda la estructura constitucional de Estados Unidos.
La teoría de los demandados sobre el fundamento jurídico permitiría también a los Estados impugnar cambios a la definición federal de “veterano discapacitado”, “ingreso bruto ajustado”, o “pobreza”, o cualquier otro estándar federal —siempre y cuando el Estado haya vinculado su fisco a ese estándar. U.S. Br. 32. De hecho, si la Corte fuera a encontrar fundamento jurídico a partir de impactos fortuitos en las arcas del estado incluso sin tal vínculo, virtualmente cualquier cambio en política federal podría apuntar hacia una disputa con base en el Artículo III. El poder judicial entonces se extendería a “casi todo tema en el cual el ejecutivo pudiera actuar”, “[l]a división de poder [entre las ramas del gobierno] podría no existir más, y los otros departamentos podrían ser absorbidos por el poder judicial”. DaimlerChrysler, 547 U.S. en 341 (citando 4 Documentos de John Marshall 95 (Charles T. Cullen ed., 1984)).
De manera interesante, la Respuesta del gobierno parece incluir la versión legal de un punto importante hecho por la ex reportera del N.Y. Times en asuntos de la Corte Suprema, Linda Greenhouse, en un artículo de opinión que publicó el 12 de noviembre de 2015. Greenhouse escribió:
La afirmación de Texas y sus aliados es absurda. La mayoría del Quinto Circuito encontró que el daño concreto a los estados reside en el hecho de que unos 500,000 indocumentados que viven en Texas tendrían derecho, con base en el programa de acción diferida, a obtener licencias de manejo, y el estado, que cobra $25 por una licencia de seis años, perdería “un mínimo de $130.89” por cada licencia. “Incluso un cálculo moderado supondría una pérdida de varios millones de dólares”. Hmmm. Mi propio estado de Connecticut que es tan fácil cobra $66 por una licencia de manejo ordinaria y ofrece a los inmigrantes indocumentados una licencia solo para manejar (autorización legal para conducir, pero no para ser usada como identificación) por una cuota de $72. Supongo que el gran estado de Texas debería enfrentar al gobierno federal en lugar de averiguar cómo llevar la contabilidad de su departamento de vehículos motorizados.
La respuesta del gobierno transforma el punto en un poderoso argumento legal para la Corte:
En la medida en que los demandados afirman sufrir un daño a un casi interés soberano en Texas, sin que sientan “presión” para cambiar sus políticas, ese supuesto daño es enteramente especulativo, y no concreto, particularizado y ciertamente inminente. La actual política de Texas está incorporada a sus leyes existentes y a las de su Departamento de Seguridad Pública (DPS). Texas escogió subsidiar licencias para todas las personas elegibles, incluyendo a los beneficiarios de la acción diferida y muchos otros, porque creía que los beneficios de llevar a cabo eso superaban los costos. Texas tiene la libertad de alterar esos criterios en infinidad de maneras. Ver U.S. Br. 25–26. Pero Texas no ha cambiado sus políticas en respuesta a la Normativa (o en respuesta a la política de DACA de 2012). Y es imposible saber qué cambio, si es que hay alguno, la legislatura de Texas o el DPS pueda hacer en el futuro, cuáles puedan ser las bases de cualquiera de esos cambios, o si la ley federal prevendría esa opción. Vea Whitmore v. Arkansas, 495 U.S. 149, 158 (1990) (“Alegatos de posible daño futuro” son insuficientes.); Dellinger Amicus Br. 19–24.
El punto es que, cualquier alegato de daño que los republicanos de Texas afirman sufrirá su estado debido a DAPA y DACA+ son solamente conjeturas y, en todo caso, un daño autoinfligido.
El gobierno de Obama utilizó su informe de respuesta para destrozar varias de las afirmaciones hechas por el Procurador General de Texas a nombre de los otros gobernadores del Partido Republicano y fiscales generales. De lo que uno se da cuenta es que el Procurador General de Texas no entiende en su totalidad la ley inmigratoria. Y eso nos daría la razón de que el caso nunca fue en torno a la ley migratoria, sino realmente fue un ataque político disfrazado de demanda.
Eso le funcionó a Texas en la corte del juez Hanen. Pero la Corte Suprema espera un mayor nivel de profesionalismo y conocimiento de la ley. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, ha dejado en claro que no quiere en su corte dirimir luchas políticas. El informe de respuesta del gobierno de Obama mete presión a Roberts y sus colegas.
