SUPREMA CORTE 101: Fundamento jurídico
Este es el primero de una serie de documentos “explicativos” sobre el caso inmigratorio U.S. v Texas que la Suprema Corte accedió a tomar en 2015. Se explicarán términos legales importantes de forma que esperamos sean entendibles. Hoy explicaremos el tema del fundamento jurídico.
FUNDAMENTO JURÍDICO: Qué es y por qué es importante para la Suprema Corte y para nosotros
Cuando la Suprema Corte escucha argumentos sobre el caso de la acción ejecutiva inmigratoria, la primera cuestión que los jueces tendrán que decidir es si Texas y los otros estados involucrados en esta demanda tienen acaso el derecho a demandar. A eso se llama “fundamento jurídico”. Y es importante porque no todo desacuerdo tiene el derecho de ser presentado en una corte federal, sólo porque una de las partes está descontenta.
El fundamento jurídico es un término legal que determina si la parte que presenta la demanda tiene el derecho de hacerlo. El fundamento jurídico no se trata de los temas, sino de quién está presentando la demanda y si tiene el derecho legal de hacerlo. Es clave que se entienda que el fundamento jurídico significa que las cortes federales tienen jurisdicción específica sobre ciertos temas. Como regla general, las cortes federales sólo tienen autoridad de escuchar controversias genuinas, un término que no incluye “cuestiones políticas”.
En este caso, Texas presentó una demanda porque desaprobó las acciones ejecutivas del presidente Obama en inmigración. Texas afirmó que tenía derecho de llevar su reclamo a la corte —que tenía fundamento jurídico— porque DAPA y DACA ampliado costaría dinero al estado al requerir que se emitieran licencias de manejo para padres que calificaran y para DREAMers. Pero esa es una afirmación discutible, especialmente porque es principalmente un ataque a la manera en que el presidente ha decidido reforzar la ley migratoria. La Suprema Corte ya ha dicho en otros casos que el presidente tiene amplia autoridad cuando se trata de la aplicación de las leyes migratorias, incluyendo el otorgar acción diferida. Ni la Corte querrá opinar en temas que podrían resolverse en el proceso político habitual.
La Suprema Corte no quiere decidir temas que pueden resolverse en el proceso político habitual, y puede proyectar los argumentos de los estados y desestimar el caso con base en esta cuestión del fundamento jurídico.
El fundamento jurídico ya ha detenido un desafío a las acciones ejecutivas del presidente. El caso del sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, presentado en la Corte Federal de Distrito de DC, fue desestimado porque no tenía fundamento jurídico. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de DC estuvo de acuerdo, haciendo notar que:
Concluimos que el sheriff Arpaio no ha podido alegar un daño que es perfectamente identificable en las políticas de acción diferida y se pueden reubicar al ordenarlas, como lo requieren nuestros fundamentos jurídicos.
La Suprema Corte decidió no escuchar la apelación de Arpaio de ese fallo este año.
Es importante saber que sólo porque el juez Hanen y el Quinto Circuito creyeron que Texas tenía fundamento jurídico, no significa que la Suprema Corte lo crea. De hecho, como se indica abajo, muchos de los especialistas legales que siguen el caso dudan que Texas tenga fundamento legal.
¿Entonces por qué esto es importante? Si la Suprema Corte decide que Texas no tiene fundamento jurídico, la demanda termina. Texas habrá perdido su posibilidad de demandar en una corte federal. Y al juez Andrew Hanen, quien presentó la medida cautelar contra DAPA, no le será permitido ir más allá en este caso. Si Texas tiene fundamento jurídico, otros temas decidirán el desenlace. Tendremos más acerca de eso después.
Lea para saber más sobre lo que dicen los expertos en torno al “fundamento jurídico” en este caso particular.
En el Huffington Post, Stephen Legomsky, profesor emérito de la Universidad de Washington, autor principal de “Immigration and Refugee Law and Policy” y ex Presidente del Consejo de USCIS, escribió:
ante una corte federal se pueden incluso abordar los fundamentos de un caso, pero la Constitución requiere que el demandante demuestre “fundamento jurídico”. Esto quiere decir que el demandante tiene que mostrar que las acciones del demandado causarán al demandante un daño concreto. Los abogados de Texas han ideado un argumento inteligente: la Acción Diferida deriva en “presencia legal” temporal; la ley de Texas hace que los extranjeros que están “presentes legalmente” sean elegibles para las licencias de manejo; y la cuota de solicitud para una licencia de manejo en Texas no cubre el costo total del trámite. De tal modo que la acción diferida costaría dinero a Texas.
Hay muchas fallas en este argumento. El mayor es que nadie está forzando a Texas a emitir licencias de manejo a los beneficiarios de la acción diferida; esa es una opción del estado. Así que Texas tiene que argumentar que en efecto el sólo ser forzado a escoger entre incurrir en gastos y cambiar sus políticas es suficiente para darle fundamento jurídico, aun cuando el cambio en sus políticas es lo que de hecho prefiere.
Ninguna corte ha llegado a ese extremo, y con razón. Primero, las leyes federales requieren un flujo constante de interpretaciones y decisiones de políticas por parte de un sinnúmero de agencias federales. Casi cualquier interpretación federal o decisión de políticas que favorecen a quienes buscan beneficios migratorios hará a las personas afectadas elegibles para algún beneficio estatal en algún momento. Por lo tanto, según la teoría de Texas, casi siempre habrá algún estado que pueda reclamar plausiblemente fundamento jurídico. Y con base en las profundas divisiones ideológicas y partidistas de nuestro país, siempre habrá un estado que desee hacer eso.
En un editorial del 19 de enero de 2016, el New York Times también explicó el tema del fundamento jurídico en el caso de Texas:
Aparte del falaz argumento sobre los poderes del presidente, los estados no tienen fundamento jurídico para demandar. Texas asegura que tiene ese derecho simplemente porque piensa que las órdenes del presidente dañarían la economía. Si la corte aceptara este tipo de reclamo, significaría que en cualquier momento que un estado o ciudad se oponga a una acción federal, podría llevar esa disputa política a las cortes.
La jueza Carolyn King hizo notar en su discrepancia en torno al fallo del Quinto Circuito diciendo que este argumento “parece permitir la intrusión estatal ilimitada en asuntos exclusivamente federales, en efecto permitiendo a los estados, mediante las cortes, cuestionar decisiones sobre políticas federales”.
Linda Greenhouse, la destacada reportera que cubre la Suprema Corte para el New York Times, escribió acerca del tema del fundamento jurídico y la Suprema Corte en el otoño pasado
La justificación clásica para una doctrina sólida del fundamento jurídico es que protege la separación constitucional de los poderes. En 1993, antes de que se convirtiera en juez, John G. Roberts Jr. expresó su opinión en un artículo publicado en el Duke Law Journal. “Al conformarse adecuadamente con la decisión de casos o controversias reales a instancias de alguien que sufre claro y palpable daño”, el futuro presidente de la Suprema Corte escribió: “El Poder Judicial deja a las ramas políticas las querellas generalizadas que son su responsabilidad con base en la Constitución”. Más adelante señaló: “La separación de poderes es un juego de suma cero. Si una de las ramas se amplía de manera anticonstitucional, es a expensas de los otros poderes”. (El juez Antonin Scalia, entonces juez de una corte de apelaciones, escribió un artículo en una revista de temas legales en 1983 titulado “La doctrina del fundamento jurídico como elemento esencial de la separación de poderes”).
