21/09/09 a 8:23pm por Rafael Prieto Zartha
Bitácora
Las manos mutiladas y deformadas de los indocumentados hispanos que trabajan en la industria de empaque de aves fueron reveladas en unas amargas fotografías que publicó en febrero de 2008 el diario The Charlotte Observer, como parte de una serie de artículos denominada “Los cortes más crueles”, que casi dos años después arrastra consecuencias.
Los dedos convertidos en muñones por el filo de los instrumentos punzocortantes que se utilizan en las plantas donde se despluman, se destripan y se desmenuzan los pollos y pavos que se sirven en las mesas de los estadounidenses causaron consternación.
La serie, en la que intervino el periodista Franco Ordóñez, mostró las extremidades inservibles de gente afectada por el síndrome del túnel carpiano, que las deja convertidas en garfios horrendos y en algunos casos en apéndices saturados de nudosidades de aspecto contra natura.
Durante 22 meses reporteros y editores del Observer revisaron miles de documentos y entrevistaron a centenares de individuos que terminaron por destapar una caja de pandora colmada de iniquidades.
La publicación de la serie, que salió impresa durante seis días, originó reacciones en el Capitolio, donde el finado senador Edward Kennedy pidió que se realizaran audiencias e investigaciones que evitaran tanta infamia.
La investigación descubrió que un centenar de obreros de la industria avícola habían muerto en los lugares de trabajo entre 1998 y 2008, y 300,000 habían resultado lesionados durante el mismo período.
Igualmente, evidenció ante el público general, lo que en la comunidad latina se conocía como una realidad de larga data: la mayoría de los empleados de las empacadoras de aves son hispanos y la mayoría indocumentados.
Pese al revuelo que causó en Washington la cruda verdad de las amputaciones acaecidas en las plantas avícolas, hoy en los mismos pasillos del Senado y la Cámara de Representantes, se le quiere negar la cobertura médica a trabajadores que indudablemente la necesitan.
Tal parece que algunos legisladores de las dos cámaras federales no le dan el menor valor a esos obreros que en el caso de la ciudad y el estado donde vivo, Charlotte y Carolina del Norte, les han construido los estadios, los coliseos, las escuelas, los hospitales, las carreteras, las casas y los centros comerciales.
Durante los cuatro años que serví como corresponsal de la Agencia EFE en las Carolinas, me tocó reportar con frecuencia la muerte de obreros en sitios de construcción.
Recuerdo dos casos como si hubieran ocurrido hoy.
El 28 de enero de 2003, los hermanos Rigoberto y Moisés Xaca, de 15 y 16 años, fallecieron al derrumbarse el túnel en el que trabajaban en la Escuela Secundaria Blythewood, en una localidad al norte de Columbia, la capital de Carolina del Sur.
El 22 de marzo de 2004, dos trabajadores hispanos murieron en dos incidentes separados en el área metropolitana de Raleigh, la capital de Carolina del Norte. Juan Zepeda, de 28 años, pereció cuando una columna de concreto se desplomó en el Estadio Carter-Finley. Adán Cortés, de 22 años, murió aplastado bajo toneladas de cemento, donde se edificaba una intersección de la Autopista 55.
Pero para esa gente que expone sus vidas en las labores más peligrosas no hay opción en el plan de salud de la administración Obama. No la hay, ni siquiera pagando, en la oferta que el proyecto de ley denomina como el intercambio.
La aseveración provino nada menos que del portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, quien se refirió al tema después del grito destemplado de “embustero” al presidente, por parte del congresista republicano Joe Wilson.
La opción que les queda, a los “ilegales” es comprar seguros en el mercado del sector privado a precios inalcanzables.
De acuerdo con el Centro Pew, 60 por ciento de los indocumentados carecen de seguro de salud, lo que deja a millones a merced de la incertidumbre.
Durante el programa Palabra Mayor, que conduzco en la emisora Radio Líder de Charlotte, la periodista Rebeca Logan, del portal Los Blogueros de Washington, me decía con mucha lógica que a las enfermedades no se les expide visa. A los males, a las dolencias, a los virus, a las bacterias no se les piden papeles.
Por lo tanto, no es sensato excluir del plan de salud a los 6,670,000 indocumentados, que de acuerdo con el Centro de Estudios de Inmigración (CIS), tendrían cobertura bajo la eventual ley H.R. 3200.
El CIS, la institución de investigación y pensamiento de los antiinmigrantes, tiene una claridad absoluta sobre sus objetivos y el uso que tendrán sus “hallazgos”.
Qué contraste con los políticos demócratas elegidos en noviembre que en estos días se están arrugando ante la presión virulenta de los antiinmigrantes, y le están dando la espalda a los hispanos que votaron en noviembre por el cambio. El compromiso de que sus hermanos indocumentados serían tratados como seres humanos y obtengan un estatus, se esfuma.
Rafael Prieto es un periodista y columnista de origen colombiano radicado en Carolina del Norte
Escríbele a rprietoz@hotmail.com
Las opiniones expresadas corresponden exclusivamente a Rafael Prieto Zartha y no reflejan las opiniones de Maribel Hastings o de America’s Voice
