20/05/09 a 12:03pm por Maribel Hastings
El anuncio de la reunión que sostendrá el presidente Barack Obama con legisladores de ambos partidos el próximo 8 de junio es otra señal de movimiento hacia la discusión de un plan de reforma migratoria amplia este año.
Hubo más señales, entre ellas, una segunda audiencia del panel senatorial de Inmigración donde se indicó que la cifra de cruces de indocumentados se redujo en 27% entre el 1 de octubre de 2008 y el pasado 15 de mayo con respecto al mismo período el año pasado.
Para el presidente del panel de Inmigración, el senador Charles Schumer, de Nueva York, ello implica que la frontera está más segura y abre la puerta a la discusión este año de un plan de reforma migratoria.
En los intentos fallidos por aprobar la reforma, la oposición siempre ha dicho que sin fronteras seguras no puede hablarse de reforma migratoria, y Schumer echó mano de los datos de la Patrulla Fronteriza para fortalecer el argumento de que las medidas de seguridad y la reducción de la demanda por mano de obra han hecho que la frontera sea más segura.
“Podemos aprobar este año una reforma migratoria fuerte, justa y práctica”, declaró Schumer en la audiencia.
Asimismo, la Police Foundation presentó un reporte que detalla cómo la aplicación de la sección 287(g), que rige los acuerdos entre el gobierno federal y policías locales y estatales para aplicar leyes migratorias, ha minado la labor policiaca no sólo por el desvío de recursos, sino por la desconfianza que genera entre las mismas comunidades que se pretende proteger.
El reporte es significativo porque se trata del punto de vista de las autoridades locales y estatales hablando de la necesidad de que sea el gobierno federal quien retome el control de las leyes migratorias federales, algo que puede conseguirse mediante la reforma migratoria integral.
Ronald Miller, jefe de la policía de Topeka, Kansas, dijo en rueda de prensa que el gobierno federal tiene “que retomar las riendas de los asuntos migratorios y promulgar reformas migratorias y de seguridad fronteriza”.
No a diario se ve a un grupo de jefes de policía de diversas partes del país juntos hablando de la necesidad de reconsiderar la forma en que se aplica el programa 287(g) y recomendando que el gobierno federal “promulgue reformas amplias de seguridad fronteriza y de inmigración”.
Hubert Williams, presidente de la Police Foundation, expresó cómo los ejecutivos policiales se debaten entre su deseo de colaborar con las autoridades federales y su preocupación de echar por tierra los avances alcanzados en ganarse la confianza de comunidades, muchas de inmigrantes. Citando a un jefe de policía dijo: “¿Cómo se puede patrullar a una comunidad que se niega a hablarte?”
“Sin la cooperación de inmigrantes que son testigos y víctimas de delitos, se compromete la capacidad de las autoridades para identificar, arrestar y procesar criminales”, dijo, por su parte, George Gascón, jefe de policía de Mesa, Arizona.
El reporte de la Police Foundation, titulado “El Papel de la Policía Local: Buscando un Balance entre la aplicación de leyes migratorias y las libertades civiles” recomienda, entre otras cosas, que las agencias que implementen la sección 287(g) la limiten a quienes cometen delitos graves o a los programas basados en cárceles; que se implementen políticas para supervisar y castigar el uso de perfiles raciales; y que se prohíba el arresto y la detención de personas únicamente para investigar su situación migratoria si no hay evidencia probable de que haya cometido algún delito.
Las señales y los argumentos en favor de la reforma son visibles. Resta esperar que el liderazgo efectivo de ambos partidos produzca, esta vez, resultados favorables.
