20/10/09 a 11:39am por Maribel Hastings
Algunos políticos se dicen fervientes defensores de la Constitución, excepto cuando quieren torcerla para fines políticos, como quieren hacer dos senadores republicanos al tratar de agregarle al cuestionario una pregunta sobre la ciudadanía de quienes llenen el formulario del conteo decenal.
Los senadores republicanos David Vitter y Bob Bennett, de Louisiana y Utah, respectivamente, quieren que se agregue la pregunta argumentando que si las cifras del Censo determinan cómo se distribuyen los distritos electorales y por ende, cuántos escaños le corresponden a cada estado en la Cámara Baja, el conteo no debe incluir a los indocumentados.
Pero la 14ta Enmienda de la Constituición establece que “los representantes se distribuirán proporcionalmente entre los diversos estados de acuerdo con su población respectiva, contando la cifra total de personas que haya en cada estado”. Es decir, que para fines de determinar los distritos electorales que componen la Cámara Baja se cuenta a toda la población independientemente de si son ciudadanos, residentes legales o indocumentados.
Hoy una coalición de organizaciones nacionales de derechos civiles, latinas y que representan a otras minorías, denunciaría la llamada enmienda Vitter argumentando que la intención del senador y de quienes lo apoyan es evitar el conteo exacto de los latinos y de otras minorías.
La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO), recordó que la 14ta Enmienda a la Constitución, adoptada en 1868, revocó la cláusula que consideraba a los esclavos no una persona completa sino tres quintas partes de una persona.
“La enmienda Vitter evoca este vergonzoso legado y representa un esfuerzo de cambiar la Constitución a través de una legislación de asignación de fondos”, indicó NALEO.
Pero hay mucho más en juego.
Las cifras del Censo determinan cómo se reparten más de 400,000 millones de dólares en fondos federales que reciben estados y ciudades y que se destinan a programas vitales de salud, educación, vivienda, infraestructura y otros. Si la población no se cuenta adecuadamente, a esas localidades les toca menos dinero y por ende, quienes terminan sufriendo las consecuencias son todos los residentes del lugar.
Además, históricamente las minorías no han sido contadas adecuadamente, particularmente los hispanos, por el temor de ciertos sectores, como los indocumentados, a que el gobierno emplee las cifras para obtener datos sobre estas personas, identificarlos, detenerlos o deportarlos. Sin embargo, la información que recaba el Censo es confidencial.
Con todo, uno de los retos más difíciles es garantizar el conteo exacto de la población en medio de un clima anti inmigrante como el que se vive actualmente. Además el gobierno decidió no suspender las redadas durante la conducción del Censo que comienza en la primavera del año entrante. Esto representa un mayor reto para grupos como NALEO que promueven el Censo en campañas como Ya es Hora, Hágase Contar, tomando en cuenta que muchas familias hispanas están integradas por personas con diversas situaciones migratorias.
El diario The New York Times, en su editorial de hoy, condena la enmienda Vitter no sólo por interferir con la Constitución sino porque su aprobación supondrá altos costos para agregarle una pregunta al cuestionario, y severos retrasos en el proceso que comienza en la primavera del año entrante. Habría que reimprimir más de 425 millones de cuestionarios.
“Como lo requiere la ley, el Censo le proporcionó al gobierno el lenguaje exacto de las diez preguntas del cuestionario en abril del 2008, hace más de 18 meses. Cambiarlo todo para satisfacer las demandas de Vitter retrasará el conteo, alterará los resultados y ciertamente hará más difícil persuadir a las minorías a que participen. También será altamente costoso”, dijo el NY Times.
Finalmente, la polémica por la enmienda Vitter ejemplifica una vez más cómo la falta de una reforma migratoria integral permite que políticos como Vitter sigan echando mano del tema de los indocumentados para entorpecer proyectos de ley aunque no tengan que ver con inmigración.
