07/09/10 a 10:49am por Maribel Hastings
Por Maribel Hastings
WASHINGTON – Dos desarrollos en una semana: un reporte sobre el descenso en la cifra de indocumentados en Estados Unidos, y una demanda contra un alguacil, Joe Arpaio, notorio precisamente por perseguir indocumentados, y señalado por emplear perfiles raciales y violentar derechos civiles en el proceso.
El Departamento de Justicia demandó a Arpaio, alguacil del condado de Maricopa, Arizona, por no colaborar con la pesquisa que se conduce en su contra por prácticas discriminatorias y violaciones al Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
De otra parte, un reporte del Centro Hispano Pew documentó una baja de indocumentados en Estados Unidos. Entre marzo de 2007 y marzo de 2009 ingresaron, en promedio, 300 mil inmigrantes anualmente comparado con 850 mil por año entre 2000 y 2005.
El informe no ofrece razones, pero indica que “durante el lapso cubierto por el análisis han habido importantes cambios en el nivel de aplicación de leyes y estrategias migratorias, así como significativas fluctuaciones en la economía de Estados Unidos”.
Obviamente la crisis económica es factor para el descenso.
Y obviamente, el gobierno apuntará al reforzamiento de la frontera, las redadas y el alza en las deportaciones como factores para desalentar los cruces, aunque la masacre de Tamaulipas y el aumento de muertes de migrantes en el desierto de Arizona son prueba de que otros siguen arriesgándolo todo, incluso su vida, para llegar a Estados Unidos.
Arpaio también se acredita miles de deportaciones. Según reportó la Prensa Asociada, la oficina del alguacil de Maricopa “fue responsable de la deportación o salida forzosa de 26,146 inmigrantes desde 2007”, casi una cuarta parte de las 115,841 deportaciones adjudicadas a 64 agencias que participan del programa 287(g) que convierte a policías estatales en agentes de inmigración.
Con todo, aunque los indocumentados sean menos, siguen viviendo 11.1 millones entre nosotros. El Centro Hispano Pew dice que “a pesar del reciente descenso, la población de inmigrantes no autorizados en 2009 era casi una tercera parte (32%) mayor que en el año 2000 cuando eran 8.4 millones. El tamaño de este sector se ha triplicado desde 1990, cuando eran 3.5 millones”.
La realidad es que a nadie ayuda que prevalezca esta situación. Ni a nuestra economía ni a nuestra seguridad nacional, ni a nuestros valores como nación.
En su columna en el diario The Washington Post, Edward Schumacher-Matos escribió que en 2007 el fondo fiduciario del Seguro Social recibió un beneficio neto de entre 120 mil y 240 mil millones de dólares de inmigrantes indocumentados. Se calcula que en el año 2007, dos terceras partes de los trabajadores indocumentados, casi seis millones de personas, estaban pagando impuestos al Seguro Social contribuyendo a la solvencia del programa.
“El beneficio que recibimos de los inmigrantes no autorizados es especialmente irónico”, escribió Schumacher-Matos.
Otra realidad: Arpaio seguirá escudando sus cuestionables prácticas bajo el manto de la seguridad aunque violente derechos civiles, ignore más de 40 mil órdenes de arresto por delitos graves en su condado, desbarate la relación entre la comunidad y las agencias del orden que se suponen la protejan, y ponga en peligro 113 millones de dólares en fondos federales para su condado condicionados a que no se discrimine contra los residentes.
La demanda del Departamento de Justicia contra Arpaio por no colaborar es bienvenida, pero más lo sería que, tras 17 meses de pesquisa, realmente le pusieran un hasta aquí a sus excesos porque ni las acciones de Arpaio ni el descenso en la cifra de indocumentados reportado por Pew borran la mayor de las realidades: el problema de fondo sigue sin resolverse.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva y analista de America’s Voice
