06/05/09 a 12:19pm por Maribel Hastings
El primer aniversario en puerta, el 12 de mayo, de la mayor redada de trabajadores migrantes conducida en Estados Unidos en Postville, Iowa, coincide con el fallo de la Suprema Corte esta semana de que la ley sobre robo de identidad agravado no puede emplearse contra trabajadores indocumentados que desconozcan que el Seguro Social que adquirieron clandestinamente realmente pertenece a otra persona.
Esa ley de 2004, por cierto, fue la que se empleó contra los trabajadores detenidos tras la redada de mayo de 2008 en la planta Agriprocessors en Postville. De los 400 trabajadores detenidos, casi 300 fueron acusados de robo de identidad agravado, que conlleva una condena obligatoria de dos años de cárcel. La mayoría optó por declararse culpable de delitos migratorios menores y agilizaron su deportación sin reunirse con un abogado de inmigración y sin comparecer ante un juez de inmigración. La mayoría ya fue deportada.
Ahora grupos como la American Immigration Lawyers Association (AILA), consideran que el Departamento de Justicia debe abrir una investigación que incluya una revisión de cada uno de los casos y la potencial revocación de cargos.
David W. Leopold, primer vicepresidente de AILA, dijo en un comunicado de prensa que los fiscales federales a cargo de los casos de Postville interpretaron de manera errada el estatuto de 2004 “para coaccionar a los trabajadores, la mayoría de los cuales eran agricultores guatemaltecos con escasa educación, a declararse culpables de un cargo menor y una sentencia de cinco meses además de aceptar la deportación automática”.
Grupos defensores de los inmigrantes argumentan que la ley de 2004 se fijó para castigar a quienes a sabiendas violan la privacidad de alguna persona para robarle o endeudarla.
Pero los indocumentados, argumentan sus defensores, recurren a adquirir tarjetas falsas de Seguro Social para trabajar. Aunque en buena parte de los casos se trata de números al azar, se han dado casos en que el número realmente pertenece a otra persona, como el caso sobre el cual falló el Supremo.
La Suprema Corte estuvo de acuerdo con el argumento porque dictaminó que a los indocumentados que emplean números falsos de Seguro Social con la única intención de trabajar y sin saber si pertenecen a otra persona, no se les debe aplicar la ley de robo de identidad agravado.
El fallo constituye un reconocimiento de que el castigo aplicado debe ir de acuerdo al delito en que se haya incurrido.
La masiva redada de Postville hace casi un año, no sólo puso de manifiesto la aplicación errada de leyes existentes -como el robo de identidad agravado-, sino los efectos nefastos de políticas migratorias aplicadas de manera desproporcionada sobre los migrantes y no sobre los patronos inescrupulosos.
Postville ejemplifica los problemas del maltrecho sistema migratorio y sus secuelas sobre las familias, la comunidad y la economía. Ejemplifica además por qué se necesita una reforma migratoria integral que permita que aquellos que sólo quieren trabajar y contribuir al progreso de sus familias y de la nación, puedan hacerlo sin el temor a ser encarcelados o deportados.
