06/01/10 a 10:50pm por Maribel Hastings
Un plan de legalización de indocumentados supondría 1.5 trillones de dólares adicionales al producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos por diez años, mientras que un programa de deportación masiva supondría una pérdida de 2.16 trillones de dólares a las arcas de este país en el mismo lapso, según un nuevo reportedel Center for American Progress (CAP) y el Immigration Policy Center (IPC) presentado hoy.
El reporte, preparado por el doctor Raúl Hinojosa-Ojeda, director ejecutivo del Centro de Desarrollo e Integración de Norteamérica de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), concluye además que los trabajadores que se legalicen como resultado de la reforma migratoria generarían entre 4.5 y 5.4 billones de dólares por tres años en ingresos netos por concepto de pago de impuestos.
Asimismo, al mejorarse los salarios de los trabajadores legalizados, supone más dinero para gastar lo que apoyaría la creación de entre 750 mil a 900 mil empleos. Resultaría además en un estímulo económico de entre 30 billones y 36 billones de dólares en ingresos personales.
El informe titulado “Elevando el Piso Salarial de los Trabajadores Estadounidenses” señala que una reforma migratoria integral con un plan de legalización supone un alza anual de 0.84% en el PIB de Estados Unidos al tiempo que aumenta los salarios de los trabajadores nacidos en Estados Unidos y los legalizados.
No obstante, un plan de deportación masiva reduce el PIB en 1.46% anualmente, sin incluir el costo de las deportaciones. El reporte concluye que aunque esta alternativa supondría un alza salarial para los trabajadores menos diestros, reduciría los ingresos de los trabajadores con destrezas especiales y generaría, en general, una pérdida de empleos.
La deportación masiva de 12 millones de indocumentados tendría un costo de entre 206 billones y 230 billones de dólares por cinco años.
De otra parte, el reporte señala que un plan de trabajadores temporales generaría un alza anual de 0.44% en el PIB, para un total de 792 billones de dólares por diez años. Pero según el estudio, el plan reduciría los salarios de trabajadores nacidos en Estados Unidos y los legalizados.
El programa de trabajadores temporales es uno de los puntos más contenciosos de los planes de reforma migratoria. Los sindicatos lo rechazan en favor de una comisión independiente que regule los futuros flujos de trabajadores. Los empresarios, empero, argumentan que sin un plan de trabajadores huéspedes no apoyarían la reforma migratoria.
Como medida de comparación, tras la amnistía de 1986 el Departamento del Trabajo analizó las características de los trabajadores legalizados cinco años después de IRCA y reportó un alza de 15% en los ingresos medios de estos trabajadores. En consecuencia, se fortaleció la productividad y el consumo aún en el periodo de 1988 a 1992 cuando el desempleo aumentó de 5.3% a 7.5%.
Actualmente la tasa nacional de desempleo ronda el 11%. Algunos argumentan que una reforma migratoria en medio de esos índices de desempleo no es viable, pero el reporte concluye que experiencias previas han demostrado que lo contrario es cierto.
Hinojosa señaló que tomando en cuenta la experiencia de la amnistía de 1986, se ha probado que “la legalización crea un estímulo para la recuperación económica”.
La legalidad otorga derechos laborales y en 1986 eso resultó en niveles más altos de ingresos y de consumo y lo mismo puede esperarse esta vez. Igualmente, los niveles más altos de ingresos hacen que esos trabajadores inviertan más en su propia educación lo que a su vez supone mayor productividad.
Dan Griswold, dierctor del Center for Trade Policy Studies de CATO, agregó que “no existe correlación entre el alza en la inmigración y el alza en el desempleo”. De hecho, un estudio de CATO coincide con los hallazgos del reporte de CAP/IPC.
El reporte indica que por las pasadas dos décadas el gobierno de Estados Unidos ha invertido millones de dólares en aplicar medidas centradas en la seguridad que no han frenado la inmigración indocumentada y han supuesto además la depresión de salarios en toda una serie de industrias.
Entre 1990 y 2005 se triplicó la cifra de agentes fronterizos y su presupuesto se disparó, pero entre 1990 y 2008 la cifra de indocumentados se triplicó a 12 millones.
