07/02/11 a 11:25am por Maribel Hastings
WASHINGTON – La semana pasada un reporte del Centro Hispano Pew concluyó algo más o menos sabido: la población de indocumentados en Estados Unidos se ha mantenido estable a pesar de todo, incluyendo la crisis económica y el récord de deportaciones de la administración de Barack Obama.
También se han mantenido estables las soluciones a medias para lidiar con el asunto y esta semana no será la excepción.
Este jueves el subcomité cameral de Inmigración conduce una audiencia sobre el programa E-Verify para determinar la elegibilidad migratoria de nuevos trabajadores usando bancos de datos de la Administración del Seguro Social (SSA) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Actualmente es un programa piloto voluntario, pero los nuevos líderes republicanos pretenden que sea obligatorio para todas las empresas de la nación.
Según ellos, esto liberará empleos para los estadounidenses.
Pero la premisa ignora que sigue sin solucionarse la disyuntiva de los 11.1 millones de indocumentados que viven entre nosotros.
Un E-Verify mejorado sólo funcionará en el marco de una reforma migratoria integral que regularice la mano de obra indocumentada que es vital en algunos sectores de nuestra economía.
De lo contrario, sólo se convierte en otro programa de despilfarro fiscal que busca colocar una curita en uno de los problemas sin que se atiendan las otras heridas de gravedad del paciente.
Y no lo digo yo sino la propia Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) en un análisis de 2008 sobre un proyecto de ley de 2007 que buscaba ampliar el programa E-Verify.
Según la CBO, la medida reduciría los ingresos federales en 17,300 millones de dólares en un lapso de diez años. La razón: “la verificación obligatoria de elegibilidad de trabajo a través del sistema E-Verify resultaría en un alza en la cifra de trabajadores indocumentados que serían remunerados fuera del sistema tributario”.
Es decir, los trabajadores indocumentados que al presente pagan impuestos, por ejemplo, sobre el Seguro Social, pasarían a otros empleos que no reportan esos ingresos al Servicio de Rentas Internas (IRS).
Lo que se requiere son patronos y empleados que paguen los impuestos que les corresponden. Perpetuar una mano de obra indocumentada nada aporta a la ecuación ni a nuestra economía.
Además, implementar el programa, según el propio CBO, supondría gastos de 23,000 millones de dólares en un periodo de diez años.
¿Y qué hay de las industrias que dependen de mano de obra indocumentada como la agrícola? ¿Deportarán las cosechas junto con los trabajadores? Hasta donde se sabe, no hay filas de estadounidenses ansiosos por hacer ese trabajo. Y el efecto es en cadena. Se calcula que hay 3.1 millones de empleos no agrícolas que dependen de la industria agrícola.
El E-Verify tampoco está exento de errores que afectan a trabajadores ciudadanos y residentes legales. Un reciente análisis de la Oficina General de Contraloría (GAO) concluyó que han habido mejoras y que de hecho, entre 2009 y 2010 se registró un descenso de 5.4% en las no confirmaciones tentativas (TNC’s) que pueden suponer que una persona pierda su trabajo por considerarse que no tiene documentos en regla aunque haya un error.
Sin embargo, el reporte concluye que “los errores de E-Verify persisten”.
De un lado figuras republicanas como el presidente del subcomité de Inmigración, Elton Gallegly, quien promueve la ampliación obligatoria del E-Verify, creen que sólo de este modo se soluciona el problema.
Del otro, la administración Obama se autocongratula por su alza en las deportaciones, 774 mil de ellas en los dos últimos años fiscales, de sus redadas silenciosas y de las mejoras del E-Verify.
Y aunque la Secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano, dice que todos los “logros” mejorarán con una reforma migratoria integral, no nos queda claro qué están haciendo –si algo- para avanzarla en este nuevo Congreso.
Ya que ambas partes parecen tener tanta coincidencia en las medidas policiacas, la pregunta obligada sigue siendo qué piensan hacer con los 11.1 millones de la estable población indocumentada que según el Centro Hispano Pew aquí sigue.
Unos gritan “deportación” y otros “reforma”, pero todavía no se vislumbra una solución.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva y analista de America’s Voice
