WASHINGTON – Tras el desafortunado fallo que dejó en efecto algunas de las cláusulas más onerosas de la ley migratoria HB 56 de Alabama, el gobierno federal se adentra más en la complicada maraña legal de evitar que la lista de estados con leyes migratorias propias siga ampliándose mientras el encontronazo de poderes amenaza con culminar en la Corte Suprema de la nación, debate que quienes promueven estas restrictivas leyes han estado tratando de provocar por los pasados dos años.
De hecho, este pasado viernes el Departamento de Justicia apeló el fallo de la jueza federal de distrito de Alabama, Sharon Lovelace Blackburn. Días antes, en un evento con medios digitales en español, el presidente Barack Obama reiteró que hay que evitar que Estados Unidos tenga un mosaico de 50 leyes migratorias y que por eso es imperante que se apruebe una reforma migratoria amplia.
Pero el debate del surgimiento de las leyes estatales de inmigración ante la ausencia de una reforma migratoria federal se ha tornado en un juego de mutuas recriminaciones donde al final pagan las consecuencias los derechos civiles, la economía y nuestra fibra moral.
Por un lado, el gobierno central argumenta certeramente que la aplicación de las leyes de inmigración es de competencia federal.
De otra parte, quienes han promovido y promueven estas leyes a nivel estatal argumentan que lo hacen porque el gobierno federal ha claudicado en su responsabilidad de implementar la ley federal y que ellos se han visto en la necesidad de aprobar sus propias leyes.
No obstante, como quedó de manifiesto con la SB1070 de Arizona y todavía más con la HB56 de Alabama, que es una SB1070 en esteroides, las motivaciones de estas leyes estatales van más allá de la mera frustración con el gobierno federal. El carácter discriminatorio y anticonstitucional de estas severas leyes está a la vista de todos como también lo están las motivaciones de corte racial.
Es vergonzoso tratar de combatir, según ellos, la inmigración indocumentada atropellando derechos constitucionales y promoviendo el uso de perfiles raciales que tienen el potencial de afectar a todo mundo, incluyendo ciudadanos y residentes legales.
Los rostros llorosos y de preocupación de niños hispanos ciudadanos estadounidenses de Alabama atemorizados porque sus padres indocumentados sean identificados, detenidos o deportados no se justifican con nada. El Noticiero Univisión entrevistó a un jovencito, Damián, temeroso porque su madre es indocumentada, que lo resumió claramente:
“Quería ser biólogo, pero mi sueño ya no es nada. Soy ciudadano americano, pero de qué me sirve. Mi familia está aquí, pero no puedo estar aquí sin ella, me la van a arrebatar a ella de aquí”.
Y es que la jueza federal de distrito en Alabama dio luz verde a algunas de las cláusulas más terribles de esta ley, entre otras, una que obliga a las escuelas primarias y secundarias a recabar información sobre la situación migratoria de nuevos estudiantes y de sus padres. Pero aún los que están matriculados piensan dejar de asistir a clases por temor a ser objeto de discriminación o que sus padres sean identificados. Se trata de una cláusula que contraviene el derecho de los niños a recibir una educación independientemente de su situación migratoria.
La ley permite además que se pidan documentos a cualquier persona que se sospecha sea indocumentada y anula contratos con indocumentados para impedir, por ejemplo, que adquieran vivienda.
Si bien es cierto que es clara competencia del gobierno federal aplicar las leyes migratorias, también es cierto que el Congreso sí ha claudicado en su responsabilidad de impulsar una reforma migratoria que evite que la situación de Alabama se siga regando como fuego en pasto seco. Así las cosas, el Departamento de Justicia se ve limitado a seguir apagando incendios aquí y allá.
También es cierto que el gobierno federal, precisamente por no haber reformado sus leyes migratorias, ha reforzado los acuerdos con gobiernos estatales para llevar a cabo labores migratorias con programas como 287(g) y Comunidades Seguras. Esto ha envalentonando y le ha dado alas a quienes promueven una agenda antiinmigrante en la forma de leyes estatales como la HB56.
Alabama tiene amplia experiencia con conductas vergonzosas en la historia de los derechos civiles de este país. Haciendo caso omiso a su propia historia, lastimosamente la repite.
