WASHINGTON – Aunque el proyecto de legalización de jóvenes indocumentados DREAM Act se presentó hace una década y se ha considerado en ambas cámaras del Congreso, mañana el subcomité de Inmigración del Senado conduce, por primera vez, una audiencia sobre la medida mientras se debate cómo las nuevas directrices del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) sobre deportaciones podrían ayudar a estos jóvenes mientras se logra un alivio administrativo o una solución legislativa.
Ante la falta de una orden ejecutiva que ampare de la deportación, como clase, a jóvenes indocumentados que llenen los requisitos del DREAM Act, algunos sectores esperan que esas nuevas directrices de ICE sobre la discreción de los funcionarios en decidir quién es o no es deportado ofrezcan cierto alivio a los Soñadores.
El memorando con los 19 factores a considerar para determinar si alguien debe ser deportado no es, empero, el remedio ni la varita mágica para lidiar con los jóvenes sin documentos traídos por padres o familiares que terminan pagando por acciones de otros aunque sólo quieran contribuir al único país que conocen como su hogar mediante su profesionalismo y su servicio militar.
Así lo ilustró la semana pasada el caso del joven y destacado periodista oriundo de las Filipinas, José Antonio Vargas, al revelar que es indocumentado. El ganador del premio Pulitzer en 2007 trabajó en reconocidas publicaciones, incluyendo el diario The Washington Post. Es ejemplo de los logros que alcanzan jóvenes indocumentados que son estadounidenses en todo el sentido de la palabra excepto por los documentos que lo oficialicen.
El memorando de ICE, empero, no debe confundirse con la orden ejecutiva que por meses los jóvenes y grupos pro inmigrantes le vienen solicitando a la administración de Barack Obama para conceder alivio administrativo de la deportación a estos jóvenes mediante la acción diferida. La Casa Blanca puede girar la orden pero las consideraciones político partidistas se lo impiden. Su argumento es que no pueden pasar por alto al Congreso, aunque se haga en otros asuntos.
Y por si acaso, figuras republicanas como Lamar Smith, presidente del panel Judicial de la Cámara Baja, quieren evitar que Obama utilice su poder ejecutivo para frenar ciertas deportaciones. Así lo busca con su proyecto de ley HALT aunque en 1999 firmó una carta bipartidista solicitando a la administración Clinton emplear la discreción para evitar la deportación de familiares de ciudadanos estadounidenses. Ah, la hipocresía.
A nivel legislativo la lucha es cuesta arriba.
“He estado trabajando por el DREAM Act por más de diez años. En ese tiempo (la medida) ha sido reportada fuera de comité, se aprobó en la Cámara de Representantes y obtuvo el voto de una mayoría bipartidista en el Senado sólo para caer víctima de maniobras dilatorias”, declaró el autor del proyecto DREAM Act, presentado nuevamente este año, el senador demócrata de Illinois, Richard Durbin, quien presidirá la audiencia.
Gaby Pacheco, de United We Dream, y una de las líderes nacionales del movimiento estudiantil, señaló que la audiencia es señal de que la legislación “sigue vivita y coleando” y también permite acallar uno de los argumentos republicanos para oponerse al proyecto: que ni siquiera se ha discutido a nivel de comité.
En diciembre pasado, al cierre del Congreso 111, la medida progresó en la Cámara Baja pero en el Senado, donde se requerían 60 votos se quedaron cortos por cinco. Al final, 41 senadores votaron en contra de avanzar el proyecto, 36 republicanos y cinco demócratas.
Sin DREAM Act y sin orden ejecutiva, la opción sigue siendo emitir decisiones caso por caso casi siempre aguardando a que el joven esté al borde de la deportación para otorgarle algún alivio temporal.
Pero el memorando de ICE sobre la discreción de funcionarios migratorios contempla 19 factores y varios aplican a los Soñadores: si la persona arribó cuando era niño/a, si tiene lazos con la comunidad, si llenaría los requisitos para legalizarse en un futuro programa, si se ha graduado de una escuela secundaria en Estados Unidos y continuó o planifica continuar estudios universitarios.
No obstante, ni la administración ni el Congreso deben pensar que con esto ya pueden lavarse las manos.
La solución sigue siendo que el Congreso apruebe el proyecto o que el presidente gire una orden ejecutiva. “Desafortunadamente no ha habido respuesta del presidente… De un lado los republicanos siguen hostigando a la comunidad inmigrante y de otra parte los demócratas y más que nadie el presidente, parecen temer a enfrentar a los republicanos o no existe el apetito de liderar para hacer algo que es importante para nuestra comunidad”, opinó Pacheco.
El memorando de ICE ofrece lineamientos pero ejercer la discreción no es garantía de que siempre se tome la decisión correcta.
Por eso mismo no es sustituto de la acción administrativa que ampararía a todos estos jóvenes de la deportación mientras en el Congreso a algunos le salen las agallas necesarias para apoyar la legislación que permitiría que dejen de utilizarse recursos para deportar a jóvenes que sólo quieren contribuir al progreso económico y a la seguridad de nuestra nación.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice
