WASHINGTON – A un año de anunciarse cambios a la política sobre deportaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para centrarlas en verdaderos criminales, en “lo peor de lo peor”, una coalición que agrupa desde abogados de inmigración hasta activistas declaró esta semana que la implementación de la llamada discrecionalidad administrativa ha sido un total fracaso.
Se veía venir. Lo que se supone fuera un alivio a la ola de deportaciones, más de un millón, que por los pasados tres años han resultado desproporcionalmente en la remoción de padres y madres de familias y jóvenes que en ningún modo constituyen una amenaza a la seguridad de este país, sólo ha sido una gota de agua en el desierto.
La teoría en el papel no se ha hecho realidad en la implementación.
A cada momento hay reportes sobre personas al borde de la deportación que se supone cumplen los requisitos estipulados por el llamado memo de John Morton, director de ICE, para no ser una prioridad de remoción, entre esos, lazos establecidos en la comunidad o un historial criminal limpio. Algunos, como decenas de jóvenes indocumentados que se beneficiarían del DREAM Act o padres y madres de familia, finalmente obtienen el alivio sólo tras intensas campañas de presión. Pero no todos corren la misma suerte. Y el resultado sigue siendo la epidémica separación familiar. Un total de 46,000 padres y madres de niños ciudadanos fueron deportados en los primeros seis meses del 2011, según un reporte del Applied Research Center (ARC).
“La iniciativa de la discreción judicial fracasó”, declaró Eleanor Pelta, presidenta de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
Pelta apuntó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha evaluado 288 mil casos y apenas el 1.5% se han beneficiado de la discreción judicial.
“El DHS indicó que en las próximas semanas hará más ofertas de uso de discreción judicial, pero que no espera que la cifra (de quienes se beneficien de dicha discreción) pase del 4% ó 5%”, explicó Pelta.
“Se trata de una cifra muy baja, incluso mucho más baja que el porcentaje que fue exitoso en obtener alivio a través de los tribunales”, agregó Pelta.
El DHS y ICE aplican la política con tanta mezquindad que no sólo se refleja en la raquítica cifra de personas que se ha beneficiado sino en el tipo de alivio que ofrecen, en algunos casos tan inefectivo que según Pelta, “casi 50% de las personas a las que se ofreció la discrecionalidad administrativa rechazaron la oferta” por tener posibilidades de un mejor alivio migratorio a través de los tribunales. Los alivios ofrecidos no conllevaban siquiera la concesión de permisos de trabajo.
El sábado, en una entrevista de National Public Radio (NPR), el director de ICE, Morton, rechazó categóricamente las críticas e insistió en que el año fiscal pasado se removieron del país más de 216,000 inmigrantes con historial criminal, 60% de ellos criminales Nivel 1 y 2, es decir, criminales serios, según Morton.
Pero los casos revelados constantemente por la prensa no corresponden al cuadro que pinta Morton. Incluso el programa carcelario Comunidades Seguras ha resultado mayormente en la deportación de no criminales. Según las cifras de ICE, 56% de los deportados bajo Comunidades Seguras no son criminales o han sido convictos de delitos menores como violaciones de tránsito. Más aún, recientes cifras del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) revelan una reducción con respecto a los pasados dos años en la cifra de personas procesadas para deportación por ICE por cargos criminales a través de tribunales.
La timidez con la que el DHS y ICE aplican la política que se supone proveyera alivio a una comunidad a la que se prometió una reforma migratoria denota el temor que tienen a incomodar a un sector de republicanos en el Congreso que a pesar de que hagan lo que hagan, así deporten a otros dos millones, no los van a apoyar para concretar la solución que dicha reforma ofrece.
A ver qué explicación se dará a escasos meses de las elecciones de que el plan que la administración Obama anunció con bombo y platillo como alivio a la separación familiar haya sido mal ejecutado por el DHS y por ICE.
Si en vez de reforma lo único que esta comunidad ha visto es el recrudecimiento y la ampliación de los programas que han contribuido a disparar la cifra de deportaciones, como lo son Comunidades Seguras y 287(g), resulta cuestionable por demás que ni siquiera sean capaces de aplicar la discrecionalidad administrativa de manera justa para que al menos haya un verdadero respiro y no un mal remedio a medias que ha resultado peor que la enfermedad. Todavía están a tiempo de enmendarlo pero se requieren voluntad y acciones audaces. ¿Las demostrarán?
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice
