31/05/11 a 8:55am por Maribel Hastings
WASHINGTON – El fallo de la Suprema Corte avalando la ley de Arizona que penaliza la contratación de indocumentados pone de manifiesto la necesidad de que de una vez y por todas el Congreso y la Casa Blanca diriman sus diferencias para poder impulsar una reforma migratoria amplia, al tiempo que le da armas a quienes abogan únicamente por medidas policiales aunque al final sigan perpetuando la ilegalidad que tanto dicen combatir.
La ley de Arizona bajo la lupa es la que se promulgó en 2007 y entró en vigor en 2008 para suspender y revocar las licencias de operación de empresas que a sabiendas contraten indocumentados y que hace obligatorio el uso del sistema E-Verify para verificar si los trabajadores tienen sus documentos en regla. La propia Cámara de Comercio de Estados Unidos y grupos de derechos civiles argumentaron ante los tribunales que lo estipulado por la ley equivale a sanciones y que eso es competencia del gobierno federal y no estatal.
La administración de Barack Obama también argumentó que la ley conflige con la autoridad federal, pero el Supremo no piensa igual.
Según el máximo tribunal, la ley de Arizona no interfiere con la autoridad federal sobre política migratoria y aunque este caso se circunscribe a las licencias de operación de negocios, sin duda le da armas a quienes, como Arizona, están tratando de implementar sus propias leyes de inmigración de manera más abarcadora.
Nadie está abogando por la contratación de indocumentados. Lo que se argumenta es que lo más conveniente, desde muchos puntos de vista pero sobre todo desde el punto de vista económico, es legalizar la mano de obra indocumentada que ya es parte integral de muchas industrias, como la agrícola, y de otras industrias relacionadas.
Una mano de obra indocumentada que por más programas E-Verify que se implementen siempre va a estar presente por muchas razones: porque realizan trabajos que muchos estadounidenses no quieren realizar, como en el caso de la industria agrícola, y porque siempre existen empleadores inescrupulosos que se las arreglan para usar sus servicios a menor costo y sin pagar al fisco los impuestos que le corresponden. Eso a su vez afecta los salarios y las condiciones laborales del resto de los trabajadores, priva al gobierno de mayores ingresos a través del pago de impuestos, y promueve la explotación laboral.
Pero nada de eso parece importarle a quienes no quieren encarar el problema de fondo.
En Arizona, por ejemplo, cuando la ley del E-Verify entró en vigor, muchos negocios simplemente optaron por comenzar a pagarles en efectivo y por debajo de la mesa a sus trabajadores sin documentos. Ni la empresa ni el trabajador pagaron los impuestos que les correspondían y se calcula que hubo una reducción del 13% en el monto de impuestos recaudados en el estado con respecto al año anterior. Sin embargo, las reducciones en los impuestos sobre ventas fueron menores lo que implica que esos indocumentados continuaron trabajando y moviendo la economía pagando impuestos sobre ventas.
Se calcula además, que sólo una tercera parte de los aproximadamente 100,000 negocios de Arizona se han inscrito en el programa E-Verify. De las 1.3 millones de contrataciones efectuadas en el año fiscal 2009, poco más de la mitad fueron revisadas empleando el sistema E-Verify como lo requería la ley estatal.
Y es que, como hemos reiterado, que el sistema no está listo para nacionalizarse y hacerse obligatorio, como desean muchos en el Congreso, porque se basa en un banco de datos propenso a errores que por cierto terminan afectando más a empleados autorizados, particularmente ciudadanos naturalizados y residentes permanentes en ciudades con altas concentraciones de inmigrantes.
Ni qué decir del potencial efecto discriminatorio. Muchos empleadores, temerosos de ser sancionados, así sea por errores del sistema E-Verify, podrían optar por no contratar personas que luzcan extranjeras o que tengan nombres “extranjeros”.
Ninguno de estos argumentos, empero, detendrá los planes de los republicanos en el Congreso, particularmente en la Cámara Baja, de considerar proyectos de ley centrados únicamente en aspectos punitivos.
El fallo también allana el terreno para el otro debate en el Supremo en torno a las cláusulas más controversiales y discriminatorias de la otra ley de Arizona, la SB1070.
Y sin duda, le da alas a otros estados para tratar de implementar sus propias leyes de inmigración para llenar el vacío federal.
Como dice el refrán, con este fallo éramos diez y parió la abuela.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice
