02/06/10 a 7:16pm por Columnista Invitado
Por José Luis Sierra
Llegaron, marcharon y se fueron a esperar.
Esperar a que alguna de las cinco demandas legales que hasta ahora se han presentado en contra de la ley SB1070 impidan su implementación a partir del 29 de julio.
Esperar a ver si la marcha de miles el pasado sábado en Phoenix, Arizona, convence a la administración Obama de que el tema de la reforma migratoria es tan importante, o más, que Afganistán y de proporciones similares al derrame de petróleo en el Golfo de México.
O a esperar un golpe de mala suerte para entrar en la lista de deportados: un foco fundido o una fiesta casera donde el volumen del estéreo provoque que los vecinos llamen a la policía.
“Ya no salimos”, cuenta Jesús, un inmigrante indocumentado que trabaja en un taller mecánico y que pasó más de un mes tratando de llegar a Phoenix. Tardó cinco días en cruzar el desierto. “Llegamos por allá”, dice señalando la cadena de cerros quebrados, como si fueran de cristal, que bordean la parte suroeste de Phoenix. “Me cobraron mil quinientos dólares porque nada más venía hasta aquí, pero a los que querían seguir para California y otros estados, les cobraban hasta tres mil”. Gana 300 dólares por trabajar seis días a la semana, de nueve de la mañana hasta que el trabajo se acabe. No hay horas extras, ni seguro médico, ni vacaciones. Calcula que le falta por lo menos un año para terminar de pagarle a sus familiares el dinero que le prestaron para que los “coyotes” lo dejaran libre. Pero está contento. Dice que es peor vivir en México.
“Allá no hay trabajo y de todos modos si no tienes plata, hasta los policías te chingan. Aquí, te chingan los policías si les das motivo, pero tratamos de no manejar mucho… para no dar motivo”. Resuelve con una lógica simple pero efectiva.
Según Ernesto Saro, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte del Senado Mexicano, en Arizona residen más de un millón de mexicanos, de los cuales aproximadamente 400 mil son indocumentados. Por definición, Phoenix, por ser la capital del estado y la ciudad más grande, aglutina a la mayoría de éstos.
“La ley, aunque no ha entrado en función, ya se está aplicando y ha despertado un ambiente de psicosis (colectiva)”, declaró en entrevista el Cónsul de México en Phoenix, Víctor Manuel Treviño, un día antes de la marcha. Treviño explicó que desde que se aprobó la SB 1070, la gente cambió su estilo de vida al grado que innumerables negocios han tenido que cerrar, muchas escuelas prevén que perderán alumnos porque sus padres contemplan la posibilidad de emigrar a otros estados, y cada día más inmigrantes mexicanos acuden al consulado a solicitar actas de nacimiento de sus hijos nacidos en este país, por si acaso son deportados.
“No hay cifras que indiquen que se está desarrollando un éxodo masivo de familias mexicanas hacia México, pero muchos están preocupados porque compraron casa y no quieren perder su patrimonio si son deportados’, afirmó Treviño.
“La vida ya no es como antes aquí en Arizona”, dijo, por su parte, Manuel Espino, originario de Hermosillo, Sonora, quien lleva más de 30 años viviendo en Phoenix. “Aunque seas residente legal estás con el miedo de que la gente de Arpaio te vaya a parar con cualquier pretexto”, indicó mientras descansaba de la caminata de cinco millas que realizó el sábado para manifestar, junto con decenas de miles, su rechazo a la SB 1070.
Impacto Económico
Al igual que la marcha, las cifras sobre el impacto económico que esta ley ha causado en el estado son variables y dependen de la fuente que las cite. Sin embargo, lo que no se puede ocultar es que la SB 1070 ha sido, hasta el momento, contraproducente desde el punto de vista económico.
En Google las búsquedas sobre los boicots que se han emprendido en contra de Arizona después de aprobarse la ley apuntan a sobrepasar los cuatro millones. Al boicot se han sumado desde mariachis hasta condados y ciudades. Esta semana, por ejemplo, se unió el condado de Los Ángeles. La decisión congela ingresos que en los últimos cinco años se calcula alcanzaron 122 millones de dólares. Lo mismo han hecho otros gobiernos municipales de California, como Los Ángeles y Berkeley.
La situación es tal, que el mes pasado contralores de la ciudad y del estado de Nueva York recomendaron a seis mega empresas que se opongan a la implementación de la ley porque directa o indirectamente tanto el estado como los gobiernos municipales tienen inversiones por más de 3,000 millones de dólares. Las compañías implicadas son Walmart, McDonald’s Kroeger Co., Apollo Group, Raytheon y Fargo. Aunque no todas tienen sede en Arizona, dichas empresas emplean aproximadamente a unas 92 mil personas en el estado. Igual situación enfrentan empresas basadas en Arizona como US Airways y la Liga de Béisbol Profesional que tiene programado realizar en Phoenix el Juego de las Estrellas en el 2011.
Los mismos organizadores de la mega marcha buscaron la manera de albergar a las delegaciones que viajaron de otros estados en instalaciones de organizaciones afines, iglesias, o con familias opuestas a la SB 1070 para impedir que los visitantes pagaran por hoteles o gastaran en establecimientos comerciales.
Dichas acciones han obligado a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, a integrar un comité con líderes empresariales para tratar de revertir el proceso.
Pero por lo que se puede observar al visitar Phoenix, el daño está hecho. Una simple caminata por el centro de la ciudad muestra una cantidad considerable de pequeños negocios que recientemente han clausurado. Las calles, después de las horas regulares de actividad, están vacías. La gente, especialmente la indocumentada, tiene miedo hasta de ir al supermercado.
“Pues nos quedamos en casa. Para qué buscar problemas’, comentó Manuel, empleado de un taller que se dedica a cambiar vidrios de auto ubicado en la Avenida Van Buren, una de las principales que cruza el centro de Phoenix. Manuel dice que en muchos lugares como el que el trabaja, los jefes y los empleados han acordado cambiar los horarios de entrada y salida porque la policía y el sheriff han intensificado el patrullaje en las horas pico. Muchos otros han optado por transportarse en bicicleta.
“Pues pa’ todo hay solución compa. Pa’ qué la voy a sufrir si no tengo licencia de manejar”, explicó Andrés, un personaje de botas, sombrero y camisa tejana que decidió acompañar a la manifestación por la banqueta y en bicicleta.
“¿Ve usted ese lote vacío que está ahí enfrente?”, preguntó Manuel Sigüenza, propietario de un lote de vehículos usados, también en la Van Buren. “Tenía quince años trabajando y el mes pasado tuvo que cerrar. Yo usualmente vendía treinta autos al mes. Ahora me va bien si vendo tres. La gente tiene miedo de gastar lo poco que tiene porque piensa que lo va a necesitar si la deportan”, agrega.
¿Y Obama qué?
Aunque algunos de los participantes de la marcha tienen esperanzas de que la administración Obama actué y presente algún recurso legal para impedir que la ley SB 1070 entre en vigor, la mayoría considera que el presidente solamente ha dado respuestas retóricas y que las posibilidades de una reforma migratoria son nulas para lo que resta del año y probablemente el año entrante.
Hasta el momento, el tema de la inmigración ha quedado totalmente opacado por el derrame petrolero en el Golfo de México, la crisis económica en Europa, el tema de Afganistán, y el conflicto en ciernes entre Corea del Norte y Corea del Sur. El Congreso ha abordado el tema con reservas y sin ningún compromiso de actuar.
El mismo Obama ha reiterado que la SB 1070 no es una solución adecuada para resolver el problema de la inmigración indocumentada, pero hasta ahora no ha hecho nada para contrarrestar su efecto.
Por su parte, la gobernadora Brewer sigue en su cruzada y asegura que la ley puede resistir cualquier embate legal que pudiera interponerse. Esta misma semana está en Washington para insistir en su discurso de vigilar las fronteras y al mismo tiempo buscar apoyo para asegurar que la SB 1070 entre en funciones. Incluso se reunirá con el presidente Obama en la Casa Blanca.
Por otro lado, otros estados amenazan con considerar medidas similares a la SB 1070.
En pocas palabras, para los inmigrantes indocumentados hay muy pocas esperanzas.
José Luis Sierra es un periodista independiente radicado en Los Ángeles, California
