20/01/10 a 9:15am por Rafael Prieto Zartha
Abel es el primer nombre y el único con que se ha identificado en los medios de comunicación a un hispano que fue procesado en la cárcel central de Charlotte, Carolina del Norte, por el programa de deportaciones 287(g), después de sufrir uno de los peores ultrajes que un hombre puede soportar en la vida, debido a su estatus migratorio de indocumentado.
El mexicano fue puesto en el zaguán de la expulsión del país en las últimas horas de 2009 tras intentar denunciar mediante su teléfono celular el abuso del que estaba siendo víctima una compañera suya por parte de un policía local.
Según la denuncia de Abel a las autoridades, después de hacer una parada de tráfico, el oficial Marcus Jackson manoseó indebidamente en su presencia a la amiga que él acompañaba y el agente le impidió que lograra completar el reporte del hecho cuando trató de llamar al número de emergencia 911.
Hoy, Abel es un testigo clave en un caso que ha hecho cimbrar la estructura del Departamento de Policía de Charlotte (CMPD).
La bomba explotó cuando Patricia Ortiz, reportera del semanario Mi Gente, acompañó a la víctima de una situación similar a hacer la querella correspondiente en el cuartel principal de la policía charlotense.
Otra pareja de indocumentados mexicanos había experimentado una situación tan execrable como la de Abel y su amiga, en un incidente en el que el oficial los hizo dirigirse a un área solitaria en el estacionamiento de una iglesia.
Las víctimas del infame trato, quienes habían buscado justicia como lazarillos de Tormes en un glacial de indiferencia, encontraron finalmente una respuesta positiva en los oídos amplios de las mismas entrañas del CMPD.
El jefe del CMPD, Rodney Monroe, dejó salomónicamente que las pesquisas siguieran su curso y después de las averiguaciones correspondientes por parte de la sección de asuntos internos, el oficial Jackson fue arrestado, despedido de la fuerza policial y un juez le impuso una fianza por una suma cercana al medio millón de dólares.
Mientras tanto, en el asunto están interviniendo el Servicio Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), que tienen la obligación legal de inquirir para impedir que haya impunidad.
En la corte ya se han estado escuchando los testimonios de las mujeres sobre el presunto abuso sexual del que fueron objeto.
Valientemente el jefe Monroe ha puesto la cara ante la comunidad y otras víctimas no hispanas y no indocumentadas se han acercado a la policía para denunciar que Jackson también procedió indebidamente.
Sin embargo, el caso de Jackson pone al descubierto lo vulnerables que son los indocumentados y mucho más cuando las autoridades abusan de ellos despojándolos de su valor como seres humanos.
Igualmente, demuestra en lo pragmático que la constancia vence todos los obstáculos, y eso fue lo que tuvieron la primera denunciante y su consorte.
Pero allí mismo, en Charlotte, se encendió otra luz de esperanza para los indocumentados con el lanzamiento de la campaña Reforma Migratoria Pro América (RI4A). Los promotores, dirigidos por el organizador comunitario Rubén Campillo, esperaban 500 asistentes al acto, pero a la Iglesia Bautista San Pablo llegaron más de 2,000 personas.
Durante el encuentro se pidió la abrogación del programa 287(g).
Y es que la vía lógica para evitar que a los indocumentados se les cercenen sus derechos humanos y civiles es que se les legalice con un cambio integral de las leyes de inmigración.
Eso se hace más presente que nunca, en estos días, cuando se conmemora a Martin Luther King, ese apóstol inmolado de la no violencia, que condenó el racismo, los abusos de poder, y demás formas de discriminación.
